Ante la publicación oficial del RD 41/2021 para la aplicación de la PAC en España durante las campañas 2021 y 2022, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) reiteró su oposición a que se aplique al sector agrario una convergencia obligatoria de los derechos de pago básico en las campañas 2021 y 2022.

Esta organización, por el contrario, es partidaria de esperar para poner en marcha este proceso de convergencia hasta el año 2023, coincidiendo con la aplicación de la reforma de la PAC, a través del Plan Estratégico Nacional.

Esta organización agraria señala que siempre ha apostado por una convergencia progresiva en el marco del nuevo Plan Estratégico (PEPAC) en España, manteniendo los derechos individuales de forma equilibrada dentro de cada región agronómica, y a lo largo de todo el período de duración de la nueva PAC (hasta 2027).

Como establece el Reglamento de Planes Estratégicos (provisional), según COAG, esta convergencia debe situarse al menos en el 75% del valor medio de los derechos de cada región y su objetivo debe ser evitar desajustes y distorsiones entre agricultores, sectores y regiones.

COAG recalca que su posicionamiento fue trasladado al Ministerio de Agricultura de forma reiterada, a través de las observaciones al Proyecto de RD enviadas el pasado mes de septiembre, durante  las dos últimas reuniones del Comité Asesor Agrario, así como en las propuestas de PEPAC. Lamentablemente, añade, estas observaciones no han sido tenidas en cuenta.

Además, indica que el MAPA ha privado al sector de la información que permita medir el impacto de estas decisiones en las explotaciones agrarias, indicando que “una cosa es señalar las diferencias existentes entre la cuantía unitaria de los derechos dentro de una región y, otra, considerar el impacto que estas decisiones tienen sobre la renta de explotaciones profesionales con pequeña base territorial. Una pérdida de renta que, a su juicio, es muy significativa en ciertas explotaciones ganaderas y de regadío.

Por último, señala COAG, “en ningún caso, el citado RD responde a criterios redistributivos de carácter social, porque ajusta el valor de los derechos, pero no el montante de ayudas.