El Ministerio de Agricultura calcula que el sector vitivinícola podría destinar cerca de 100 millones de euros del Programa nacional de Apoyo (PASVE) 2021 a medidas extraordinarias, como almacenamiento privado o destilación de crisis, para paliar la crisis derivada de las limitaciones y restricciones aplicadas para frenar la expansión de Covid-19, sobre todo en el canal de Hostelería y Restauración (Horeca), y por el hundimiento del turismo internacional.

El problema está en que el conjunto del sector –productores, cooperativas y bodegas- no quiere que esos fondos adicionales para financiar medidas extraordinarias salgan del presupuesto previamente asignado al PASVE y, por tanto, se reste de las medidas habituales (reestructuración y reconversión de viñedo, promoción en terceros países e inversiones), sino que sean de nuevas aportaciones financieras que ponga sobre la mesa la propia Unión Europea, pese a que el comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, ya ha dicho por activa y por pasiva que no hay disponibilidad de fondos sobrantes, ni márgenes presupuestarios, y si no que sean la Administración estatal  o las autonómicas los que lo hagan.

¿Y de dónde saca el Ministerio esa cifra de cerca de 100 millones de euros?  Pues bien, el presupuesto del PASVE 2021 es de 202,15 millones de euros (unos 8 millones de euros menos que en 2020 por el recorte ante las nuevas perspectivas financieras de la UE 2021-2027).

De entrada, de ese importe hay que restar unos 63,6 millones para financiar las medidas habituales que no se pudieron abonar con cargo al PASVE 2020 en el pasado ejercicio, porque entonces ya se restaron cerca de 92 M€ para financiar las extraordinarias (almacenamiento privado de 2,25 Mhl, destilación de crisis de 2 Mhl, vendimia en verde, unos 10 millones de euros).

Además, en el presente ejercicio, hasta finales de abril, ya se han ejecutado pagos para financiar las medidas habituales del PASVE 2021 por importe de casi 39 millones. Sumando ambas cantidades y restándolas del importe asignado inicialmente, el resultado es de algo menos de 100 millones de euros.

Como es lógico, los fondos detraídos, en su caso, en el PASVE 2021 para financiar medidas extraordinarias pasarían a contabilizarse en el PASVE 2022 como saldos pendientes de pago, lo que, de nuevo, reduciría el margen financiero para poder aprobar  las solicitudes de medidas tradicionales, teniendo en cuenta el dinero ya comprometido para determinadas operaciones bienales, aprobadas en las medidas de reestructuración e inversiones.

Salvo la práctica unanimidad del sector vitivinícola para no restar de los fondos asignados del PASVE 2021 y que las ayudas para financiar las medidas extraordinarias sean adicionales, con independencia de la Administración que los ponga sobre la mesa, en el resto no hay acuerdo.

Desde las organizaciones del sector productor,  unos se decantan por la cosecha en verde (pasando de destinar 10 millones en 2020 a 40 millones en 2021, como pide COAG), otros además, como ASAJA y UPA, defienden también  que haya destilación de crisis para reducir oferta de vino en un mercado aún deprimido. Pero las tres coinciden en pedir que no se toquen los fondos asignados a las medidas habituales.

Ninguna de estas tres organizaciones profesionales agrarias apoyan el almacenamiento privado de vino, que solo retrasa el problema, pero sin resolverlo, pero en cambio esta medida es la preferencia número uno de la patronal de la industria bodeguera (FEV) que, además, insiste en que se mantengan los fondos del PASVE 2021 para promoción e inversiones.

En Cooperativas Agro-alimentarias, dada su doble faceta de productores y de comercializadores, la cosa va por barrios. Mientras que desde Rioja sí defienden el almacenamiento privado de vino, en Castilla-La Mancha son más partidarios de ir hacia la destilación de crisis.