La Junta de Extremadura solicitará al Tribunal Supremo que, tras la sentencia que ha anulado los artículos en los que se limitaba la superficie de plantación de viñas con destino a cava, se declaren nulas las restricciones fijadas para 2020, 2021 y 2022 y, en consecuencia, pedirá la concesión de nuevas hectáreas de replantaciones y plantaciones para esos años.

En rueda de prensa, la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García Bernal, ha analizado este lunes la sentencia del Supremo, que ha dado la razón al Ejecutivo extremeño, al anular los dos artículos del Real Decreto 536/2019, de 20 de septiembre.

Estos decretos daban la potestad al Consejo Regulador de la Denominación de Origen de limitar la superficie de plantación de viñas con destino a cava, lo que, a juicio de García Bernal, «daban un relevante e inexplicable protagonismo al consejo regulador»

La Junta de Extremadura solicitó al Supremo la declaración de nulidad de la reforma, ya que imponía al Ministerio de Agricultura la aceptación de las recomendaciones presentadas por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cava y privaba a la CC.AA. de la posibilidad de emitir informe contra esas recomendaciones.

García Bernal ha indicado que en la sentencia se anulan los dos artículos con los que el Ministerio eliminaba la consulta que debía hacer a las CC.AA. y se establece que estas decisiones deben ser establecidas por el Ministerio, no por el Consejo Regulador.

Según ha detallado la consejera, las nuevas concesión de hectáreas se hará teniendo en cuenta «un crecimiento sostenido, nunca desmesurado» del sector y se trasladará al Ministerio de Agricultura una vez escuchado el sector extremeño.

En este sentido, ha señalado que Extremadura tiene 1.706 hectáreas en la DO Cava, de las que 1.476 ya están en producción, y cree que teniendo en cuenta, no solo la capacidad de producir, sino después de vender en el mercado, esa ampliación podría rondar las 200 hectáreas/año.

Con la sentencia del Tribunal Supremo, el Gobierno está obligado a consultar a las CC.AA. afectadas y ser quien restrinja o no nueva hectáreas «pero de manera motivada y con informes», ha dicho.

Por su parte,  APAG Extremadura Asaja y APAG Asaja Cáceres han mostrado este lunes su satisfacción por el fallo del Tribunal Supremo que da la razón a la Junta de Extremadura sobre la limitación en el cultivo de cava y han pedido la dimisión del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

Así lo han señalado, en un comunicado conjunto, en el que ambas organizaciones profesionales agrarias recuerdan que el Real Decreto de 2019 era muy perjudicial para los intereses de los productores extremeños.

Por ello, piden la dimisión de Planas por, según dicen, haber permitido «una injusticia tan grande como que una región pudiera decidir, de manera unilateral, sobre unos derechos que afectaban al conjunto del país».

A juicio de ambas entidades, la sentencia es «un auténtico revés judicial» a la decisión de Luis Planas, por lo que ahora debe presentar su dimisión al tomar una decisión «que no se ajustaba a derecho y que mantuvo, a pesar de las advertencias de que no era ni legal ni justa».

Desde UPA-UCE destacan que Extremadura tiene potencial suficiente para aumentar la producción de cava que, además, tiene un reconocimiento cada vez mayor en los mercados de este producto, lo que le abre la posibilidad de seguir creciendo en los próximos años.

Esta organización agraria felicita a la Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura por el trabajo que ha llevado a cabo en defensa de sus productores, «quienes ya no podrán verse obligados a acatar las decisiones tomadas por una sola comunidad autónoma como Cataluña que miraba por sus intereses específicos sin tener en cuenta al resto de regiones productoras».