El Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos (CGCOIA) y la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos (ANIA) han firmado sendos convenios de colaboración con la Asociación Instituto de Investigación y Desarrollo Rural Serranía Celtibérica (ISC) “para sumar esfuerzos” con especial atención al reto demográfico y al desarrollo rural, en un acto celebrado en la sede del Instituto de la Ingeniería de España, en Madrid.

Tras el acto de la firma, rubricada por Baldomero Segura García del Río, presidente del CGCOIA; María Cruz Díaz Álvarez, presidenta de ANIA, y Francisco Burillo Mozota, presidente del ISC, respectivamente, al que también asistieron José María Martínez Vela, secretario técnico de CGCOIA y ANIA;  Domingo Gómez Orea, presidente del Comité de Asuntos Rurales del Instituto de la Ingeniería de España y Carlos Rodríguez Ugarte, directorde la Red de Investigación y Desarrollo de las Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (REDN-SESPA) se convino solicitar, en próximas fechas, una reunión con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

Este encuentro tendrá como objeto aportar, desde el conocimiento y la experiencia de los profesionales que agrupan las tres entidades, iniciativas y propuestas que favorezcan la agricultura y ganadería extensiva española, así como el impulso al desarrollo socioeconómico del mundo rural en el marco de las negociaciones de la futura Política Agraria Comunitaria (PAC).

Según las asociaciones convocantes, uno de los grandes problemas de la agricultura española es que cuente con 50  regiones productivas como destinatarias de la PAC. Lo que ha dado lugar a aumentar las desigualdades, así los agricultores de la provincia de Teruel, a pesar de su despoblación, reciben menos ayudas compensatorias que los de Zaragoza.

El Ministerio de Agricultura a través de la Red Rural Nacional acaba de lanzar una campaña con el lema «Mira al origen», como un instrumento de sensibilización frente a la lacra de la despoblación. Su objetivo poner en valor el mundo rural, que durante la pandemia ha abastecido a las ciudades, proporcionándoles, además, salud con sus alimentos frescos. Pero lo más inmediato es la delimitación de los territorios despoblados para que sean finalistas de la política agraria.

Así, se está demandando desde el Congreso y Senado el mapa de la denominada España Vaciada, que el Defensor del Pueblo ya lo entregó el 11 de junio de 2019 a la presidente del Congreso, MeritxelBatet, en su informe «La situación demográfica en España. Efectos y consecuencias».

Dicho mapa muestra las 10 Zonas Escasamente Pobladas (ZEP) españolas, el 54% del territorio español, donde solo vive el 5% de su población. Dos de estas ZEP, Serranía Celtibérica y la Franja Céltica están por debajo de 8 hab/km² y el resto con densidades inferiores a 12,5 hab/km². Agrupan 4.375 municipios en 10 “NUTS no administrativas” que deben considerarse cada una como regiones productivas destinatarias de la nueva PAC.

El Consejo de la Unión Europea aprobó parara el periodo 2014-2020 un enfoque territorial integrado con la finalidad de dar respuesta efectiva a los múltiples retos sociales, económicos y ambientales a los que se enfrenta Europa, especialmente en la zonas desfavorecidas.

Esta nueva herramienta, las Inversiones Territoriales Integradas, supone ir más allá de los límites administrativos tradicionales y permite a los Estados miembros implementar Programas operativos de una forma transversal para un territorio específico, caso de nuestras ZEP. Para lo cual pueden agrupar las inversiones procedentes de todos los fondos europeos, de forma que al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) se le uniría el Fondo de Desarrollo Regional Europeo (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo de Cohesióny el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP).

Esta estrategia, para cuya gestión la UE ha legislado la gobernanza multinivel, permitirá que España incluya este programa en el Tratado de Adhesión para el periodo 2021-2027 y pueda entrar en el reparto del Fondo de Cohesión, del que actualmente está excluida por tener una Renta Nacional Bruta (RNB) por encima del 90% de la media europea. Y sus ZEP, además de integrar todos los fondos finalistas, al ser zonas rurales, montañosas y despobladas, tener un trato fiscal discriminatorio positivo, similar al que ya vienen disfrutando otras áreas desfavorecidas como Laponia y las insulares ultraperiféricas, caso de Canarias, en aplicación del artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

En este proceso urge el cumplimiento de la Proposición no de Ley de las Cortes Generales del 2015 que solicitaban, entre otras medidas, la quinta ITI española para Serranía Celtibérica, con creces el mayor desierto demográfico por despoblación de toda la Unión Europea. De esta manera esta “NUTS no administrativa” se convertirá en el territorio piloto donde se analicen los 28 indicadores agroambientales (AEI) propuestos por Eurostat para la UE, y se realice un programa de desarrollo ajustado a las numerosas posibilidades de este espacio capaz de atraer capital privado que suponga su repoblación.