El Consejo de Ministros aprobó este martes 20 de abril un real decreto, en las que se establecen las condiciones de almacenamiento, comercialización, importación o exportación, control oficial y autorización de ensayos con productos fitosanitarios.

Al mismo tiempo, modifica el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

A propuesta de los Ministerios de Agricultura, de Sanidad y de Transición Ecológica y Reto Demográfico, este real decreto refuerza las medidas ya existentes en el Estado español en los ámbitos señalados, con especial incidencia en el terreno de la comercialización e introduciendo disposiciones pioneras en el ámbito de la Unión Europea.

Así, por ejemplo, contiene directrices para controlar el comercio ilegal vinculado a los intercambios internacionales; para prohibir el comercio electrónico de productos fitosanitarios (salvo los de uso no profesional y, a la vez, impulsar el uso obligado de un registro electrónico de transacciones y operaciones, en este caso a través de una aplicación informática centralizada en el MAPA que permitirá realizar la trazabilidad completa de la cadena de suministro.

Por lo que respecta al Programa de Control Oficial de Comercialización de Productos Fitosanitarios, el nuevo real decreto lo incorpora al Plan Nacional de Control de la Cadena Alimentaria.

Además, la norma regula el almacenamiento de los productos fitosanitarios, tanto en las explotaciones agrarias como en las empresas de distribución, y actualiza la normativa referida a los ensayos con estos reorganizando a la vez las actuaciones de todas las autoridades competentes en la materia.

Según el MAPA, los productos fitosanitarios son mezclas químicas cuyo objetivo es proteger a los vegetales y sus productos de organismos nocivos que puedan poner en peligro la producción alimentaria y la disponibilidad de alimentos.

Sin embargo, añade, su utilización también puede tener efectos desfavorables para la producción vegetal y riesgos para la salud humana, animal y medioambiental. De ahí la necesidad de regular de una manera estricta su uso.

Con la actualización legislativa aprobada, este departamento, con el respaldo de los otros dos Ministerios proponentes, renueva su apuesta decidida por reforzar la seguridad y la sostenibilidad de la actividad agrícola, lo que implica, por otro lado, reforzar la imagen de los productos españoles en los mercados internacionales y afianzar su posición a través del suministro de alimentos de más calidad y más seguros a los consumidores.